Un movimiento obrero que pretende luchar contra la opresión no tiene cabida para los sindicatos policiales. La CGT prohíbe en sus Estatutos (art. 28) la afliación de «fuerzas de orden público, ni del ejército profesional, ni de cuerpos armados represivos.»
Por Shawn Gude
El pasado fin de semana, el UAW 2865 se convirtió en el primer gremio local en pedir la expulsión de un sindicato policial de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), insistiendo en una resolución para que se expulsara al Sindicato Internacional de Asociaciones Policiales (IUPA). Fue una medida loable que puso de manifiesto su compromiso con la corriente del «sindicalismo del movimiento social» y otros sindicatos locales deberían seguir su ejemplo.
El sindicato local de la UAW, que agrupa a 13.000 ayudantes de cátedra y otros trabajadores estudiantiles de los campus de la Universidad de California, denunció específicamente el lobby de los sindicatos policiales contra las supervisiones, su apoyo a políticos contrarios a la responsabilidad policial y su tenaz defensa de los agentes acusados de abusos.
«Histórica y contemporáneamente los sindicatos policiales sirven a los intereses de las fuerzas policiales como brazo del Estado, y no a los intereses de los policías como trabajadores», reza la resolución.
Pero, ¿Qué interés tienen los trabajadores académicos en aprobar resoluciones contra los policías? Una mejor pregunta, en medio de un levantamiento contra las actuaciones letales de la policía, sería cómo deben relacionarse los sindicatos con los movimientos populares que no han originado directamente.
El «sindicalismo del movimiento social» reconoce que el trabajo no es un interés sectorial y no debería comportarse como tal. Por el contrario, debería situarse en el centro de las luchas que mejoran la vida de los trabajadores y se enfrentan a la injusticia social. La circunscripción adecuada de un sindicato no es simplemente la de sus afiliados, sino la de toda la clase trabajadora.
Como demuestra su trayectoria desde el surgimiento del movimiento Black Lives Matter, los sindicatos policiales no están institucionalmente equipados para otra cosa que enfrentarse a esta causa.
Después de que un gran jurado exonerara al agente de policía de Staten Island que asfixió a Eric Garner hasta la muerte, Patrick Lynch, el presidente del mayor sindicato policial de Nueva York, alabó la decisión del jurado y señaló con el dedo al propio Garner: «El Sr. Garner tomó aquel día la decisión de resistirse a la detención». Cuando dos agentes de policía fueron trágicamente asesinados un par de semanas después, Lynch acusó al alcalde Bill de Blasio de fomentar la enemistad contra la policía y, por tanto, de tener «las manos manchadas de sangre».
Las bases del gremio aprobaron claramente esas biliosas declaraciones, dando la espalda a de Blasio en los funerales de los policías y reeligiendo a Lynch el mes pasado. (Lynch caracteriza ahora su relación con de Blasio como «respetuosa», pero esa amabilidad sólo llegó después de que el alcalde desdeñara esencialmente al movimiento Black Lives Matter).
Los sindicatos policiales que no son de la ciudad de Nueva York también se han comportado de forma deplorable en el último año. El sindicato que representa a los policías de Ferguson recaudó dinero en Internet para Darren Wilson, el asesino de Michael Brown. El de Baltimore hizo lo mismo para los agentes acusados en relación con la muerte de Freddie Gray. Y el Sindicato de Patrulleros de la Policía de Cleveland sorteó una Glock para recaudar fondos para el policía acusado de matar a Brandon Jones, de 18 años.
En las últimas semanas, el sindicato policial de Baltimore publicó un informe en el que ponía en la picota al alcalde y al jefe de policía por su gestión de la revuelta popular de abril de 2015. Un funcionario local describió acertadamente el tenor y las conclusiones del informe: «Estaban disgustados porque querían salir ahí fuera a reventar cabezas y hacerse cargo».
Es precisamente esta visión del mundo de «apelar al bastón policial» la que impulsó a los trabajadores académicos de la UC a solicitar la supresión del IUPA, el único sindicato de la AFL-CIO que representa exclusivamente al personal encargado de hacer cumplir la ley (aunque el gremio de trabajadores estatales, de contado y municipales AFSCME también tiene algunos miembros de las fuerzas del orden).
Cuando se les informa de las fechorías de los sindicatos policiales, muchos progresistas acusan al portador de animadversión antisindical. Pero si algo nos ha enseñado el movimiento Black Lives Matter es que los policías son diferentes de otros empleados del sector público.
Los trabajadores sociales y los profesores no disparan balas a los corazones y las cabezas de personas desarmadas, ni imponen un orden brutal cuando el malestar social resulta demasiado agudo para una pacificación menos coercitiva. La palabra «sindicato» no debería tratarse como si fuera un baño de ácido que puede hacer desaparecer mágicamente esta función social. Como nos recuerda Kristian Williams en su imprescindible Our Enemies in Blue (Nuestros enemigos de azul), «la policía se organiza como policía, no como trabajadores».
Esperar sindicatos policiales con mentalidad reformista también es delirante. El movimiento GI alentó la rebelión dentro de las filas militares para poner fin a la guerra de Vietnam; mientras que los sindicatos policiales, por el contrario, han luchado repetidamente para mantener y ampliar el aparato coercitivo del Estado.
Las pocas organizaciones reformistas que existen —como la Asociación Nacional de Policías Negros— han fracasado estrepitosamente. En todo caso, los grupos reformistas se beneficiarían de poder organizarse sin la influencia de un sindicato general. Lo mismo ocurre con los agentes policiales a título individual. Sin las trabas del aparato sindical, probablemente sería más fácil convencer a los que tienen buena conciencia de que traicionen las prerrogativas de su profesión y luchen por causas radicales, incluida la transformación de la policía.
Algunas personas pueden plantear que no deberíamos equiparar a policías y profesores y que es improbable que la reforma venga de los propios hombres de azul pero siguen pensando que es sensato albergar a los sindicatos policiales bajo la carpa de una unión de trabajadores, para moderar mejor sus impulsos más reaccionarios. Como prueba pueden recordar que el sindicato policial más grande y posiblemente el más atroz —la Orden Fraternal de Policía, que cuenta con más de 325.000 miembros— no está afiliado a la AFL-CIO.
Pero aceptarlos en la federación sindical les daría una legitimidad que no merecen y sería perjudicial para el «sindicalismo del movimiento social». Como si se tratara de termitas del movimiento obrero, una mayor influencia de los sindicatos policiales amenazaría los cimientos mismos del sindicalismo progresista. Aún el sindicato de policías más progresista sigue teniendo como misión institucional el avance de la policía y el mantenimiento del orden.
El pasado septiembre, tras las protestas masivas en Ferguson, el presidente de la AFL-CIO Richard Trumka señaló que Darren Wilson y la madre de Michael Brown tenían algo en común: ambos eran sindicalistas. «Nuestro hermano mató al hijo de nuestra hermana —dijo Trumka en un discurso en la convención de la AFL-CIO de Missouri— y no tenemos que esperar a que el juicio de los fiscales o los tribunales nos diga lo terrible que es esto».
La intención de Trumka, por supuesto, era telegrafiar empatía y señalar el compromiso de la AFL-CIO con la justicia racial con un discurso contenía abundantes y encomiables denuncias del racismo y la brutalidad policial. Pero el momento puso de relieve el problema que supone invitar a agentes de la opresión a un movimiento fundado para combatirla. Wilson, aunque no estaba representado por un sindicato afiliado a la AFL-CIO, seguía siendo considerado como un miembro honrado del sindicato.
Como reconocen los trabajadores académicos de la UC, tiene que haber una línea de demarcación más clara. Un movimiento sindical que valora a los Michael Brown, Freddie Grays y Sandra Bland no tiene cabida para los sindicatos policiales.
CGT Alacant 