La universidad ante el genocidio: por el boicot académico a Israel

Texto de la Asamblea Universitaria por Palestina de Alicante pidiendo el boicot académico a las instituciones israelies que no exijan el cumplimiento del derecho internacional ante el genocidio contra la población palestina

AUPA

El pasado 9 de mayo, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) emitió un comunicado sobre la situación en Gaza en el que se comprometía a “revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”. Con este compromiso la CRUE respondía parcialmente, pero de manera significativa, a las demandas de numerosos colectivos universitarios, como la Asamblea Universitaria por Palestina de Alicante (AUPA), de la Universidad de Alicante, y la Red Universitaria por Palestina (RUxP), con presencia en más de 40 universidades del estado español, de la que aquella forma parte. Por ello, desde AUPA queremos explicar y defender la legitimidad y utilidad de la medida, respondiendo a las dos principales críticas que ha suscitado.

            La primera pretende que las instituciones universitarias no deben adoptar “posicionamientos políticos”, que deberían “mantener la neutralidad” ante un “conflicto armado” y/o “político”. La segunda defiende que la ciencia y la academia deberían quedar al margen de querellas políticas, y que las instituciones y universitarios y científicos israelíes no tienen responsabilidad alguna en las acciones de su estado y de su ejército.

            En cuanto a la primera, hay que decir en primer lugar que no nos encontramos tan solo ante un conflicto armado -sobre cuyos orígenes volveremos en seguida-, sino también ante la posible comisión de un delito de genocidio que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha considerado plausible hasta el punto de exigir a Israel que adoptara medidas para impedirlo en cuatro ocasiones, la última el 24 de mayo, al considerar que sus anteriores llamamientos habían sido desoídos. Por ello, la suspensión de las relaciones con las instituciones académicas israelíes que no hayan exigido el cumplimiento del derecho internacional humanitario ha de ser vista como una medida de presión destinada a que se cumpla la legislación internacional en asuntos tan graves.

            A pesar de que al menos un 2% de la población de Gaza, 48.000 personas contando a los desaparecidos, ha muerto como consecuencia directa de los ataques del ejército israelí desde octubre de 2023, que se suman a los 11.000 muertos de la misma manera en Cisjordania y Gaza desde 2000 hasta esa fecha, y a los 536 muertos en Cisjordania desde ella, no es este elevado número de víctimas, en su gran mayoría civiles, y un tercio de ellos niños, el que autoriza a hablar de un delito de genocidio. En palabras de Raphael Lemkin, el principal impulsor de su reconocimiento como delito por el derecho internacional, “«genocidio» no significa necesariamente la destrucción inmediata de una nación (…). El término pretende expresar más bien un plan coordinado compuesto por diferentes acciones destinadas a destruir los fundamentos esenciales de la vida de grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar estos grupos. Los objetivos de tal plan serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, el lenguaje, los sentimientos nacionales, la religión y la existencia económica de grupos nacionales, y la destrucción de la seguridad personal, la libertad, la salud, la dignidad y incluso las vidas de las personas pertenecientes a esos grupos”.

            Pues bien, cualquier persona de buena fe que estudie con algo de profundidad el llamado “conflicto israelo-palestino” no podrá sino concluir que este ha consistido, desde sus inicios hasta hoy, en un proceso de colonización del territorio que ha incluido alternativa y complementariamente la expulsión y la reclusión de sus habitantes originales, así como la destrucción de todo aquello que les ha permitido mantener su conciencia de colectivo nacional; y que Israel ha recurrido en ese proceso, de una manera planificada y coordinad, a una violencia estructural permanente, y a acciones militares indiscriminadas cuando lo ha considerado oportuno.

            En cuanto a las universidades y académicos israelíes, como han expuesto Ilan Pappé en su libro La idea de Israel (2015), o Maya Wind en su reciente Towers of Ivory and Steel. How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom (2024), en su inmensa mayoría, y con la excepción de muy honrosas y valerosas excepciones, como la del propio Pappé, o bien han cooperado directamente con el ejército y la industria armamentística israelíes, o bien lo han hecho en la legitimación y promoción de la colonización de Palestina, la opresión de los palestinos, e incluso su criminalización como colectivo, o bien han callado ante esta labor de sus compañeros e instituciones que ha permeado el sistema educativo israelí en su conjunto -como lo demuestran los trabajos de Nurit Peled-Elhanan, profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén- y que explica, más allá de las acciones de Hamás, la aquiescencia de la mayor parte de la población israelí ante las violaciones constantes por su estado del derecho internacional y humanitario. Pappé, Peled Elhanan y decenas de académicos israelíes apoyan el boicot académico a Israel dentro de la campaña general del BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), como el instrumento no violento más eficaz para acabar con la opresión de los palestinos y alcanzar una paz justa y duradera para palestinos e israelíes.

Javier Barreda, Víctor Domínguez y Pamela Stoll, profesores de la Universidad de Alicante, en nombre de la Asamblea Universitaria por Palestina (AUPA)