CGT, conjuntamente con todas las plataformas de pensionistas, saldrá a la calle el 26 de octubre de 2024, para defender nuestro Sistema Público de Pensiones, ante las políticas privatizadoras de la clase política y los agentes sociales CEOE, CC.OO y UGT
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Las fuerzas políticas y sociales han consensuado y apoyado la hoja de ruta del Pacto de Toledo que, en vez de garantizar y perfeccionar los niveles de bienestar de la ciudadanía, su único interés es centrarse en la problemática de la financiación de la Seguridad Social.
Desde la primera gran “contrarreforma del 85 del siglo pasado” hasta la última consensuada con los agentes sociales en julio de 2024, no han logrado mejorar los requisitos y cuantías económicas de los pensionistas en general y, por el contrario, aseguran un marco legislativo adecuado a un mercado de trabajo competitivo y adecuado a los intereses empresariales.
La jubilación “ordinaria” no solo se ha retrasado, sino que se ha endurecido debido a las condiciones del mercado de trabajo que se hicieron estructurales desde la década de los 90 del siglo XX, que exige más años de cotización para acceder a los 65 años y para poder obtener el 100 % de la base reguladora. En cada reforma de pensiones han ido paulatinamente aumentando los años para el cálculo de la pensión de jubilación (nacidos posteriores al año 1975 -27 años- los anteriores -25 años-), y empeorando sensiblemente la jubilación anticipada.
Si a la vez se fomenta, como lo hace la ley de los agentes sociales del 2021, el retraso de la jubilación incentivando cada vez más la jubilación demorada y se mercantiliza (dinero, dinero, dinero…), la incongruencia en cuanto a jubilarse en la franja de los 60 años está servida. Al empresariado se le sirve unas condiciones para seguir con la explotación de manera coherente y volver más competitivas a sus empresas.
Poner en marcha en los sectores, a través de la negociación colectiva con los agentes sociales CC.OO. y UGT, los Planes de Pensiones Privados, no es sino la penúltima vuelta de tuerca al Sistema Público de Pensiones y la victoria clara del capital financiero y el empresariado donde una parte de dichas pensiones se sufraga con las subidas salariales de las personas trabajadoras, para mercantilizar el derecho colectivo a pensiones suficientes y dignas.
Con la última reforma que verá la “luz del Decreto” en breve, nos encontramos con una puesta en escena “populista” y además a la baja, donde no se recuperan derechos esenciales y fundamentales de las personas trabajadoras que tienen que ver con sus posibilidades de acceder a la jubilación a la edad de 60 años como forma generalizada y para aquellos sectores con penosidad, peligrosidad o altos riesgo de accidentabilidad, reducir la edad de jubilación de manera sensible a través de coeficientes reductores adecuados a sus trabajos y no con un nuevo procedimiento de coeficientes reductores farragoso y selectivo.
Dignificar el trabajo asalariado y reducir seriamente los años de trabajo para acceder a una jubilación con pensión digna, que se acerque al 100 % del último salario regulador y siempre por encima del 60 % del salario medio, es una cuestión de justicia social y es un derecho fundamental para todas las personas trabajadoras.
Otorgar al empresariado más poder y control del trabajo y la salud de las personas trabajadoras a través de las mutuas patronales; mercantilizar la permanencia en el empleo; no recuperar derechos en las jubilaciones anticipadas, a la vez que no poner en marcha ya la reducción de los coeficientes reductores de manera seria en todas las actividades penosas, peligrosas y de alta precariedad, no deja de ser sino, cumplir con aquella
máxima establecida en la CE que dice que …”los agentes sociales deben ser funcionales para la economía…” y esto si lo hacen muy bien con los dos Gobiernos “más progresistas de la historia”, donde la economía empresarial, especialmente de las grandes corporaciones y multinacionales de la energía, telecomunicaciones, financieras, llevan más de seis años “haciendo el agosto” a costa de los derechos públicos de todos y todas (empleo, vivienda, educación, cuidados, salud, movilidad, crédito-dinero, etc.).
CGT, al igual que los distintos movimientos de pensionistas sigue trabajando y peleando por derechos esenciales y posibles para toda la clase trabajadora: salarios adecuados; jubilación generalizada a los 60 años; período de cómputo de los mejores 15 años de cotización y eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas con 40 años cotizados y en todas aquellas actividades penosas, peligrosas y precarias reducir sensiblemente su edad de jubilación con todos los derechos; la vigilancia y defensa de la salud de las personas trabajadoras a través de nuestro Sistema de Salud Pública y Pensiones para todos y todas que se acerque al 100 % del último salario regulador y terminar con la brecha de género tanto en el trabajo asalariado como en la pensión. Esto es hoy posible, porque existen recursos suficientes, si las clases asalariadas nos ponemos manos a la obra, nos movilizamos y obligamos a un reparto de la riqueza y de los trabajos (todos, incluido el de cuidados).
¡Unámonos por las pensiones! ¡La lucha es el único camino!
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
CGT Alacant 