CGT por medio de su Gabinete Jurídico Confederal, se ha personado en el procedimiento penal iniciado por Fiscalía contra Glovo, inicialmente por imponer supuestamente condiciones que perjudican, restringen o suprimen derechos de sus trabajadores, en representación de trabajadores afiliados al propio sindicato.
CGT Glovo
El proceso penal, actualmente en fase de instrucción, surge de una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal, con base en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, fundamentada en la presunta comisión de delitos relacionados con los derechos de las personas trabajadoras, incluyendo posibles fraudes en la contratación que afectan a miles de trabajadoras y trabajadores. En este sentido y pese a que, tanto las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como innumerables pronunciamientos judiciales en todo el territorio, han concluido que la relación entre Glovo y las personas empleadas en el reparto de sus pedidos, conocidas como riders, tiene naturaleza laboral y no mercantil, la empresa ha continuado imponiendo tales condiciones a su plantilla alegando supuestas modificaciones que pretenderían eludir la relación laboral, obligando a darse de alta como autónomas, quedando desprovistas de las garantías y derechos que la normativa reserva a las personas trabajadoras en régimen general de Seguridad Social, el oportuno impacto fiscal y dificultando, si no impidiendo, la actuación sindical.
En concreto, la Fiscalía denuncia que Glovo estaría incurriendo en un delito previsto en el art. 311.2 del Código Penal que castiga con penas de prisión de hasta seis años y multas de hasta 12 meses a los que “impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
Ya se han producido distintas declaraciones testificales de personas trabajadoras, sobre sus condiciones y situación, y Óscar Pierre, CEO de la empresa investigada, declara el próximo 3 de diciembre como investigado en el Juzgado de Instrucción n.º 31 de Barcelona, declaración en la que se participará como acusación particular.
Con el objetivo de poner fin a las prácticas abusivas y fraudulentas que atentan contra la dignidad y los derechos laborales, además de continuar su acción sindical, mantendrá por medio de sus servicios jurídicos la representación de personas que trabajan en el sector de las plataformas digitales, y continuará su labor como CGT frente a la creciente precarización de la clase trabajadora y contra una cultura empresarial de impunidad frente a la legislación laboral
CGT Alacant 