Nadie debería perder la vida mientras se la gana, menos aún cuando de su trabajo depende la supervivencia de otras personas vulnerables que quedan totalmente desamparadas y en un profundo pozo de tristeza y desesperación. Y es que ha vuelto a suceder, esta vez en Sevilla, el pasado 29 de diciembre sobre las 16:00 horas.
Secretariado Permanente del Comité Confederal CGT
Mahmoud Bakhum, de origen senegalés y de 43 años de edad, se lanzó a las aguas del Guadalquivir tras recorrer aproximadamente un kilómetro huyendo de la Policía Local. Portaba un hatillo con una treintena de camisetas que intentaba vender de forma ambulante, junto a otros manteros, en la Avda. de la Constitución.
Según comunicados y versiones oficiales de la Policía Local de la capital hispalense, los agentes involucrados “solo estaban llevando a cabo una actuación rutinaria” cuando el mantero, “sorpresivamente” se lanzó al río. “Representantes sindicales” del cuerpo policial, a través del “Sindicato” de Profesionales de Policías Municipales de España (SPPME), tampoco tardaron en mostrar su respaldo a los uniformados, asegurando que la actuación de los mismos “había sido correcta en todo momento”. Además, el jefe de la Policía Local de la ciudad, Antonio Luis Moreno -en el cuerpo desde el año 1983-, ha tenido el valor de manifestar en una rueda de prensa que el senegalés fallecido “se dejó caer” al agua, mostrando un comportamiento “incongruente”, puesto que los policías que le “siguieron” -porque tampoco han admitido que estuvieran “persiguiéndole”-, intentaron ayudarle en todo momento, y que terminó hundiéndose porque “no quiso soltar el hatillo con el que cargaba”.
Al igual que tenemos claro que ninguna persona se suicida en una comisaría ni pierde un ojo por casualidad en una manifestación o se hiere sola en un traslado en un vehículo policial, también creemos que nadie va a lanzarse a un río si no siente la certeza de poder salir del mismo a nado.
La policía no es clase obrera ni sus “colectivos profesionales” (y elitistas) son sindicatos
Se llaman a sí mismos “representantes sindicales” y dicen estar organizados en “sindicatos”, pero están a años luz de entender lo que significa luchar por los derechos de una persona trabajadora. Se agrupan en “colectivos” que solo miran por los intereses de quienes portan armas y trabajan para el sistema que los necesita. Policías y militares son parte del Estado, una parte fundamental para que este pueda mantener sus cimientos y sus reglas del juego. Esperar de ellos que empaticen con la realidad de vida que tiene un mantero es perder el tiempo, al igual que justificarles argumentando que “cumplen órdenes”.
El SPPME, que se originó en Catalunya hace 30 años “para defender y velar por los intereses de sus afiliados”, asegura estar “adherido” a la Declaración Universal de los DD.HH., y dice respetar los derechos de las minorías. Cabría preguntarse si con Mahmoud lo tuvieron en cuenta, si pensaron en algún momento que una carrera como la que emprendió el mantero por eludir una multa y perder su material, podría acarrear un desenlace diferente al lanzarse, según la versión policial, al Guadalquivir.
Una parte de la prensa es cómplice
La prensa, el periodismo, los profesionales de la comunicación han vuelto a estar -salvo honrosas excepciones- del lado del poder (una vez más). Determinadas empresas de comunicación han cuestionado las versiones de los compañeros de Mahmoud, quienes han explicado la situación que vivieron y la que soportan cada día quienes son llamados “ilegales”, “irregulares” o “sin papeles” en sus panfletos. Los manteros aseguran que el chico ahogado sabía nadar perfectamente, pero muy probablemente el esfuerzo físico de la carrera lo dejara debilitado en el agua, por lo que no pudo ponerse a salvo. Estos compañeros han tenido la dignidad y la valentía de poner el foco en lo importante, que es el derecho que tienen de buscarse el jornal cada día. Sobreviven en una ciudad donde no hay trabajo para ellos, por lo que no tienen más remedio que acudir a la venta ambulante para intentar ganarse el pan.
La mayoría de nosotras ya conoce cómo actúa la policía contra la venta ambulante: multan y retiran los productos a las personas que lo están vendiendo o portando. Entre las primeras medidas que llevó a cabo el actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), fue aprobar una ley contra la venta ambulante. Esto afecta directamente a las personas migrantes pobres que venden en “la manta”. Si a Mahmoud le hubieran apresado con vida le habrían retirado su mercancía, y esto habría significado un gasto importante para alguien sin ingresos fijos y muchas dificultades para subsistir en los días siguientes.
Los medios, lejos de analizar la situación de estas personas -la mayoría de ellas tienen experiencias de vida impactantes porque han sufrido mucho hasta poder llegar a Europa desde sus territorios originarios-, elevan al nivel de “noticia” los comunicados policiales, además de difundir datos personales del fallecido para fomentar todavía más el racismo y justificar así la muerte como “un accidente”. De este modo creen que logran desviarla atención de la actuación que ha costado la vida a un ser humano totalmente indefenso, y cuyo único delito el pasado 29 de diciembre fue vender réplicas de camisetas de fútbol.
Mahmoud llevaba en Andalucía desde 2017 y ha dejado huérfanas a dos hijas pequeñas en Porokhane (Senegal). Como muchos antes y después que él, tuvo que dejar atrás a su familia para poder darles un futuro diferente al que están condenadas tantas otras en su país. Con su muerte hemos aprendido que sobrevivir a la travesía del Mediterráneo o del Atlántico, donde miles de personas desaparecen todos los años, no es garantía de nada. Una vez en “tierra firme” continúan en peligro.
Muertes evitables
La de Mahmoud era una muerte evitable. La de él y la de tantos otros migrantes pobres que han llegado a las costas europeas, jugándose la vida para buscar una oportunidad, por mínima que sea, de poder tener un futuro mejor, más digno. Lo hacen como buenamente pueden y les dejan, puesto que desde que ponen un pie en nuestro territorio son objeto de mensajes racistas, actitudes insolidarias y de persecuciones como la que ha terminado con la vida de Mahmoud en Sevilla. Una historia que tristemente nos ha recordado a la de Mame Mbaye en Madrid, otro migrante que sufrió un ataque al corazón irreversible mientras huía de la policía en 2018. Al igual que en Sevilla, el barrio de Lavapiés fue testigo de la rabia de decenas de compañeros y vecinas, quienes acusaron a la Policía de hostigarles continuamente mientras intentaban trabajar en la manta. En la capital andaluza la indignación se concentró delante del edificio de la Policía Local ‘La Ranilla’, a las pocas horas de conocerse la muerte del mantero. Uno de los mejores amigos de Mahmoud fue detenido en esta concentración. Pero, aunque a parte de la sociedad clasista e insolidaria y a las empresas de comunicación a su servicio les pese, el odio es un sentimiento legítimo en quienes pierden lo único que les queda, en este caso la vida.
Quizás deberíamos empezar a llamar, sin ningún tipo de complejo, a las cosas y a la gente por su nombre, o por el que merecen. Porque no son muertes, son asesinatos. No son leyes, son privilegios de clase. No son “servidores públicos” ni “trabajadores”, porque sin ser originalmente parte de esa élite, ya que son reclutados entre la clase obrera, son adiestrados para traicionar y ejercer la violencia contra su propia gente. Aseguran con su obediencia que el Estado pueda continuar ejerciendo su poder y eliminando, como hemos podido comprobar a lo largo de la historia, a quienes sobran, molestan o cuestionan el orden establecido de esa minoría rica o con poder.
Por último, señalamos como culpables del sufrimiento de la gente precaria, pobre y migrante a la clase política y empresarial. Leyes que no solucionan problemas tan graves como la pobreza, la falta de recursos, los recortes, los sueldos de miseria o la falta de vivienda son pactadas con quienes consideran que pueden disponer de nuestras vidas como si no valieran absolutamente nada, que siguen fomentando la muerte de personas en sus centros de trabajo y presionan para que los derechos alcanzados durante años de lucha por la clase trabajadora sean cada vez menos.
Sobrevivir no es ni será nunca un crimen, sino todo lo contrario. Está en la naturaleza humana luchar por su vida, por su bienestar y resistir como se pueda. Animamos a todas aquellas que viven en la inseguridad, en la intranquilidad, en la precariedad, a que se rebelen contra las injusticias sociales.
No más racismo institucional, no más maltrato policial y no más circo político ni mediático.
Nadie es ilegal.
Secretariado Permanente del Comité Confederal
CGT Alacant 
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