Cronificación de las desigualdades: 9,4 millones de personas en exclusión social y una pobreza infantil del 29%. Así lo demuestra el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de Cáritas Española y Fundación FOESSA.
CGT València
Mientras que los indicadores de la macroeconomía son positivos, la vulnerabilidad económica, la desigualdad estructural, el riesgo de pobreza y exclusión social se encuentran instalados en nuestra realidad y parecen inamovibles. El informe muestra cómo el sistema económico español está generando asimetrías sociales. Mientras unas pocas personas concentran la riqueza, la gran mayoría sufren para llegar a fin de mes y muchas otras se encuentran en situación de pobreza y exclusión social. Por tanto, si no se reestructura el modelo económico y se establecen políticas redistributivas sólidas, seguiremos condenando a muchas personas, en su mayoría infancias y juventudes, a una situación de desventaja social y asimetría en ingresos crónica, heredada y persistente.
La tasa de pobreza infantil en España se ubica en el 29%, una de las peores a nivel europeo. En nuestro país, un tercio de la población en situación de exclusión social severa son niños y niñas, así como un 11% de jóvenes entre 18-29 años. Además, se estima que 2,5 millones de personas jóvenes se encuentran en condiciones de precariedad estructural.
La demografía española se ha transformado también, con el envejecimiento de la población, la baja natalidad y la inmigración, transformando la composición poblacional y las dinámicas productivas del país. En 2024, la población residente nacida fuera del territorio español alcanzó los 8,8 millones de personas, cifra bastante representativa respecto de la población española que en 2025 superó los 49 millones de personas. En ese sentido, resulta importante destacar que el 67,5% de las personas migrantes extracomunitarias padecen exclusión social derivada de su estatus administrativo.
El empleo ya no garantiza el acceso a una vida digna. En nuestro país, una de cada diez personas trabajadoras se encuentra en situación de exclusión social. A pesar de la mejora en los datos de empleo, la proliferación de trabajos precarios y de salarios insuficientes y desprotección social es una constante. El desempleo es determinante para la exclusión social: 6 de cada 10 personas en desempleo viven en exclusión social, siendo el paro, el principal motor de la vulnerabilidad social.
La precariedad laboral es una constante del mercado laboral español, afectando a 11,5 millones de personas trabajadoras (el 47,5% de la población activa). La inestabilidad y la parcialidad laboral afecta, principalmente, a sectores más vulnerables de la población, lo cual impide romper con el ciclo de la pobreza y el acceso a un proyecto de vida sostenible. Todo ello da como resultado la cronificación y persistencia de la pobreza y la exclusión social.
La precariedad laboral tiene también un impacto en la salud mental de las personas. En ese sentido se identifica que el 17% de la población asalariada tiene problemas de salud mental y el 33,3% del riesgo de depresión es atribuible a la precariedad y al desempleo.
En España se privilegia la inversión inmobiliaria frente al uso social de la vivienda, existiendo 3,8 millones de viviendas vacías. En contraste, el acceso a la vivienda supone un esfuerzo económico desproporcionado a las familias, que dedican un 43,1% de sus ingresos al alquiler. Estos datos nos dan cuenta de que el acceso a la vivienda compromete en gran medida la situación económica de las familias. Así, el 45% de los hogares en régimen de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Además el hacinamiento ha crecido un 43% desde 2018, con 3,4 millones de personas que comparten espacios mínimos o han tenido que volver al hogar de sus padres/madres.
En España la inseguridad alimentaria alcanza al 11,6% de los hogares: el 4,5% sufre inseguridad leve (baja calidad alimentaria); el 5,5%, moderada (reducción de la cantidad de alimentos o saltarse comidas), y el 1,4% sufre inseguridad alimentaria grave, que se traduce en días sin comer por falta de recursos. El riesgo de sufrir inseguridad alimentaria se incrementa en el caso de hogares encabezados por mujeres, personas jóvenes o personas en situación de desempleo.
En 2024, 9,4 millones de personas se vieron afectadas por procesos de exclusión social, de los que 4,3 millones se encuentran en exclusión severa. Los hogares monoparentales se encuentran a la cabeza de esta exclusión social.
CGT Alacant 