Las declaraciones de Pablo Gallart, CEO empresarial de Ribera Salud que gestiona el hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), demuestran la importancia de que los servicios públicos estén en manos de la clase trabajadora y de los usuarios
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Ribera Salud es un grupo empresarial del sector sanitario, de origen francés, que se fundó en 1997. Tiene asignada la gestión de varios centros hospitalarios en el Estado español, siendo el Universitario de Torrejón de Ardoz uno de ellos
¿Cuántos años llevamos soportando el expolio de los servicios y recursos públicos de la ciudadanía? La clase política, de acuerdo con la empresarial, ha externalizado miles de ellos, ha troceado otros cuantos y los ha ido entregando “al mejor postor” según conveniencias de turno. Se han encarecido bienes esenciales para la gente, hasta el punto de que estos –necesarios para el desarrollo de una vida digna- son imposibles, como está pasando hoy con la vivienda. Y lo estamos viendo en estos últimos días también con la educación y la enseñanza en general. Ahí están las plantillas de las Universidades públicas, como en Madrid y Euskal Herria, denunciando la precariedad y el abandono al que están sometidas las plantillas de trabajadores, el alumnado y el propio profesorado de las mismas.
No es ninguna novedad que nuestra sanidad esté siendo desmantelada, y en poco tiempo veremos cómo “solo” aquellos que puedan pagarla tendrán garantías de enfermar y poder curarse o tratarse. Es el modelo que pretenden imponernos desde hace décadas quienes se dedican a asfixiar los servicios de todos y todas para luego justificar que no son eficaces y terminar abriéndoles las puertas al capital privado y sus negocios. El reciente escándalo en la sanidad pública andaluza, con la gestión de los cribados del cáncer de mama, es un ejemplo más. Muchas mujeres han empeorado, otras incluso ya no están, debido a la falta de información sobre sus procesos oncológicos.
Aunque nos parezcan escandalosas –que lo son-, declaraciones como las de Pablo Gallart donde, sin ningún tipo de consideración por quienes sufren enfermedades o padecen dolor crónico, afirma que las ganancias pueden y deben aumentarse a costa de la enfermedad de todas esas personas, también lo es que por parte de la ciudadanía solo se espere y se aspire a cambiar de “gestor” político de estos centros públicos. El problema es más complejo, porque no es un hecho puntual, sino que es un modelo que ha venido implantándose poco a poco en nuestro sistema de salud. Mientras más se tarde en atajarlo más costará revertirlo, y más vidas se quedarán por el camino mientras otros llenan sus bolsillos.
Desde CGT llevamos décadas luchando, junto a colectivos y organizaciones afines, por una sanidad pública y de calidad. Una sanidad con recursos suficientes para todas las personas. Una sanidad universal y gratuita, que sea garantía de bienestar y que trate dignamente a quienes la usamos o la usaremos en algún momento de nuestras vidas, y a quienes trabajan para hacerla posible. La ley 15/97 de 25 de abril permitió nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Nuestra sanidad se convirtió con esta normativa en un coto para que los negocios privados camparan a sus anchas jugando con la salud mercantilizada de las personas. Esta ley hizo posible que se pudieran aprovechar impunemente no solo de la “elasticidad” de la cuenta de resultados, sino también del hecho de hacer de la recuperación y de la remisión de las enfermedades una “ruleta rusa” donde los pacientes son obligados a jugar.
Del mismo modo, desde CGT hacemos cómplices de la situación por la que pasa nuestra sanidad a gobiernos y gobernantes de todo color y signo. Insistimos que no es una opción que pueda o no presentarse en programas electorales, sino un patrón que responde a las necesidades y a los intereses del capital, de los empresarios que llevan demasiados años lucrándose a costa de la salud. Por eso no es extraño que alguien a sueldo de una empresa privada se permita hacer declaraciones donde sin ningún tipo de miedo afirme que hay que alargar las listas de espera para sacar más rédito económico, aunque para ello sea preciso perjudicar el bienestar de las personas, o incluso acortar sus vidas.
CGT realiza un llamamiento a toda la ciudadanía y a las profesionales de la salud a organizarse y a llevar a cabo una movilización constante contra la privatización de los servicios públicos, especialmente los sanitarios, hasta arrebatar de las manos privadas la gestión de nuestros hospitales y centros sanitarios.
“Lo hemos visto en Andalucía, con el escándalo de los cribados del cáncer de
mama de miles de mujeres. Algunas de ellas ya no están porque murieron sin
conocer la gravedad de sus procesos oncológicos”
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
CGT Alacant 