Hasta que -desde nuestra condición de clase- no asimilemos que el Estado no es más que una estructura de poder que provoca y refuerza las relaciones de explotación para mantener un determinado orden en beneficio de un grupo minoritario de población -conformado por burgueses y aristócratas-, no veremos con claridad el rol que realmente desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de “Seguridad” del mismo.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Estas fueron creadas únicamente con el objetivo de mantener a salvo los privilegios de quienes siendo minoría controlan, egoísta e injustamente, los recursos de la mayoría en nombre de ese ente llamado Estado. Luego adornaron con sus leyes y decretos esa teoría, y nos repitieron millones de veces que esta institución tenía la “noble” misión de salvaguardar los derechos y libertades de la ciudadanía y garantizar la “seguridad” de la gente.
Este jueves 11 de diciembre hemos sido testigos de una paliza más de estas “fuerzas de seguridad” a gente humilde, a personas que estaban ejerciendo un derecho con el que seguramente la mayoría de ellas ya nacieron, como es la protesta pacífica en un supuesto país democrático y un Estado de Derecho.
El colectivo de Bomberos Forestales de Madrid, que mantiene desde este verano una huelga para visibilizar la situación de extrema precariedad de un servicio esencial para el mantenimiento de los entornos naturales y la ciudadanía, había convocado una concentración ante la sede nacional del Grupo Tragsa. Esta empresa pública (Transformación Agraria S.A.), que a su vez está integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se fundó en mayo de 1977 y obtuvo en 2024 unos beneficios de 88’8 millones de euros. Es importante aclarar que esta sociedad anónima depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, en manos de la “socialista” Sara Aagesen, y su presidente es Jesús Casas Grande, un “alto” funcionario quien, a pesar de estar vinculado ideológicamente al PSOE, también trabajó con diferentes responsabilidades en equipos de Mariano Rajoy (PP) en su etapa como presidente.
Por otro lado, y como decíamos al comienzo, es urgente entender cómo controla el Estado los mecanismos que aseguran la supervivencia de un muro inquebrantable (de momento) entre dos mundos opuestos. A través de unas fuerzas represoras cada vez más y mejor adiestradas gracias a las importantes inversiones de dinero público y con mejores medios materiales, y a través de la ley –“la voluntad del más fuerte”-.
Una Policía que no está al servicio de la gente, sino de quienes necesitan a la gente para sobrevivir, y una estructura política para establecer normas que justifiquen todo el conjunto.
Sobre los maltratadores que este jueves golpearon, gasearon, detuvieron y encerraron a nuestros compañeros bomberos existe una escala jerárquica de mandos que van dependiendo unos de otros hasta llegar a la Dirección General de la Policía (Francisco Pardo Piqueras) que actúa bajo la autoridad de la Secretaría de Estado de Seguridad (Ana María Calvo Sastre), que a su vez está subordinada al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Con 200 años de historia -o eso andaban celebrando hace unos meses-, la institución del Cuerpo Nacional de Policía es el brazo armado de la estructura estatal, y como tal tienen el monopolio de la violencia. Sus actos están siempre justificados. Los nuestros, “contra ellos”, tendrán siempre consecuencias, incluso si se trata de una protesta pacífica como la de los bomberos forestales madrileños.
Cuando la cosa se tensa demasiado, y la gente empieza a cuestionarse -aunque sea un poco- las circunstancias en las que (mal) vive y con determinación se organiza para luchar desde fuera de los parlamentos y ayuntamientos, se crean normas. Leyes que justificarán (ante sus conciencias) recortes de derechos y libertades para eliminar disidencias, protestas y amedrantar a la población, disuadiéndola de crear redes o hacer crecer otras para la defensa de sus propios intereses. Con ese objetivo fue ideada y aprobada la Ley Mordaza en 2015. Básicamente es la legislación que vino a limitar (más todavía) los derechos y libertades de la ciudadanía, y otorgó un mayor poder a las Fuerzas y Cuerpos de “Seguridad” del Estado para ejercer sus competencias en materia de seguridad y control de la población. Entró en vigor en julio de 2015 con Mariano Rajoy (PP) de presidente del Gobierno. Y a pesar de que la oposición en aquel momento, esa “izquierda” parlamentaria -que hoy se autoproclama como “Gobierno más democrático de la historia en España”-, prometió derogarla por limitar la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, hoy comprobamos que ya en el poder también se sirve de la misma para continuar imponiéndonos unas condiciones miserables de vida. Es lo que nos contaban los bomberos que estaban este jueves ante Tragsa: pedían respeto a su profesión, exigían el cumplimiento del Estatuto del Bombero Forestal -para no morir en los incendios cada verano-, y reclamaban unos sueldos dignos que les permitan desarrollar una vida digna a ellos y a sus familias.
No debemos mantener esperanzas de ningún tipo en quienes gobiernan en un sistema donde necesitan pagar a gente sin conciencia para reprimir nuestras luchas por una sociedad más justa e igualitaria. Ni tampoco debemos esperar absolutamente nada de quienes se sienten cómodos traicionando a su clase a golpe de porra y gas pimienta. De esos que se infiltran en nuestras organizaciones para luego fabricar montajes y que son los mismos que protagonizan cada mañana alguna información en la sección de tribunales de la prensa generalista.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
CGT Alacant 