Fomentar la miseria y culpar a las personas más vulnerables de la sociedad por padecerla. Este es el resumen que desde la Confederación General del Trabajo (CGT) podemos realizar tras conocer que el Congreso de los Diputados ha respaldado la propuesta del endurecimiento de la ley de multirreincidencia.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
El 12 de febrero, PSOE, PP, VOX y Junts unieron sus votos para aprobar esta reforma promovida por los nacionalistas catalanes, y que tiene por objetivo castigar más duramente los pequeños hurtos. La burguesía catalana ha defendido esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) argumentando su necesidad para “combatir la impunidad que afecta a la convivencia y a la economía”, y asegurando que esta ley es “una herramienta de seguridad ciudadana frente a los delincuentes que hacen del pequeño hurto su modo de vida profesional”. Razones populistas con la vista puesta ya en las próximas elecciones pero que en absoluto son medidas que buscan realmente terminar con problemas sociales complejos, entre otras cosas porque esos problemas tienen su origen en la desigualdad social y en un reparto injusto de los recursos y las riquezas.
La “mano dura”, el “castigo” y la “represión” para resolver situaciones y problemas sociales son las medidas que la burguesía, con su sistema de leyes y normas, considera como (única) solución. No es nada nuevo, es la base de estas organizaciones que gracias a la farsa electoral tienen la potestad para influir en la vida de miles de personas sin tener el menor respeto por las circunstancias que las rodean. No dudan en proponer estas reformas sin ningún tipo de justificación, incluso sabiendo que no hay una causa directa entre “castigo” y “delito”. No dudan en apelar a los sentimientos, jugando con casos concretos y valiéndose de los medios de desinformación a su servicio.
PSOE, PP, VOX, Junts… y todas aquellas formaciones u organizaciones que respaldan estas insolidarias políticas, se encuentran a gusto y se entienden bien al tratar estas cuestiones porque lo hacen desde el espacio del privilegio de la clase social a la que representan. Legislan contra los más débiles, castigándoles por sobrevivir.
Porque es más delincuente el que comete tres hurtos seguidos que quien de una sola vez es capaz de acabar con los recursos de poblaciones enteras.
No podríamos esperar menos de quienes llevan vendiendo a la clase trabajadora toda la vida. Ni nos sorprende que desde organizaciones reaccionarias avancen contra cualquier derecho que beneficie a la gente común y signifique una mínima oportunidad de mejorar sus vidas. Ni mucho menos esperábamos sentido común de quienes le pesa más la nacionalidad que la clase. Estos son los mismos que miserablemente fueron capaces de poner candados en los contenedores de Girona en agosto de 2012 para impedir que personas sin recursos tomaran de los mismos alimentos caducados para su venta. Lo que realmente estaba detrás de aquella ordenanza municipal, con Carles Puigdemont de alcalde de la ciudad, era el deseo de invisibilizar la pobreza de muchas personas en años duros tras la crisis de 2008:
Desde CGT continuamos rechazando el sistema que castiga a la gente humilde, a la gente pobre sobre quienes siendo ricos expolian los recursos de la mayoría, y señalamos a las formaciones que autodenominándose “obreras”, se comportan como la peor de las derechas cuando tocan poder.
Sobrevivir nunca será delito
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
CGT Alacant 