¿Cómo afecta la Ley de la Ciencia a las personas trabajadoras del CSIC?

El pasado 25 de febrero, el Consejo de Ministros del Gobierno más progresista de la historia aprobó, para su futura tramitación parlamentaria, el proyecto de reforma de la Ley de Ciencia. 

Coordinadora de Investigación y Universidades CGT

Un texto que teóricamente venía a acabar con la precariedad en el sistema científico español, pero que en la práctica y para sorpresa de pocos, profundiza en las características intrínsecas de la carrera investigadora en este país: precariedad e inestabilidad laboral, mientras facilita aún más la transferencia de recursos públicos a manos privadas.

1) La ciencia: un trabajo incompatible con la vida.

Pese a toda la palabrería insistiendo en la conciliación de la vida personal y laboral y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el texto no propone ninguna medida específica que nos permita trabajar en el sector científico sin sacrificar nuestra vida personal.

Si realmente el texto tuviera la pretensión de incorporar las mujeres en todos los niveles de la carrera investigadora, para ello sería necesario atacar las raíces de la discriminación sexual en el trabajo, y no solo establecer mecanismos compensatorios claramente deficientes y centrados en los casos más evidentes (embarazo, violencia de género, etc.). Por ejemplo, acabando con exigencias como la movilidad, que la Ley sigue tratando como un objetivo en sí mismo y no como una herramienta.

2) La estabilización del personal investigador: un espejismo

Brillan por su ausencia las medidas concretas que permitan planificar la vida y reducir la edad de incorporación y estabilización del personal investigador. Sin incluir explícitamente un modelo clasista y meritocrático como el tenure-track, probablemente por las críticas recibidas en los borradores de la ley previos, su sombra sobrevuela todo el texto.

En concreto, se crea una nueva figura contractual para adaptarse a los nuevos requisitos de la reforma laboral, el contrato de actividades científico-técnicas. Este contrato está pensado para sustituir los contratos de obra y servicio. Será un contrato indefinido sin base mínima salarial (es decir, cobrará el SMI si no se dice lo contrario) que podrá hacerse a personas con cualquier tipo de titulación (desde FP a Doctorado) y con fuentes de financiación temporal (por ej., proyectos). La finalización de los recursos del proyecto será motivo objetivo para la extinción del contrato. De este modo, creamos un nuevo contrato temporal, pero maquillamos las estadísticas para que cuente como indefinido. Suerte que la Ministra de Trabajo es “comunista”.

Amplía la duración mínima de un año a 3 años y la duración máxima a 6 años. Como ahora, no está claro qué ocurrirá con el personal al término de este si no se ha podido estabilizar. Se aumenta la capacidad docente hasta100 horas anuales y estará sujeto a evaluaciones continuas que podrían motivar despido objetivo, y se sigue sin fijar una base salarial mínima.

Finalmente, en lo laboral, como caramelito para vender a la prensa y contentar a los colectivos, la ley incluye una mísera indemnización de 12 días por año trabajado por fin de contrato para los contratos pre y posdoctorales, pero sin aportar ninguna partida económica a tal efecto, con lo cual el pago de la indemnización queda a discrecionalidad del centro contratante. Una situación que nos recuerda mucho a lo que pasó con el EPIF hace unos años.

3) La transferencia, negocio para unos cuantos para perjuicio de la mayoría

Siguiendo la estela de lo propuesto en los borradores previos, el nuevo texto consolida la transferencia de conocimiento como mecanismo de drenaje de fondos públicos al capital privado, dándole la misma importancia que a la investigación y la docencia. Bajo la expresión aparentemente aséptica de “transferencia del conocimiento”, se enmascaran actividades de mercantilización del conocimiento, mediante la creación y/o participación en empresas de carácter privado por parte de cierto personal privilegiado.  Así, se pretende incorporar el conocimiento a una cadena de valor para que genere un retorno económico en forma de beneficios privados. No sólo esto, la ley permite la aplicación del derecho privado en todo lo que concierne a la promoción y gestión de los resultados de la investigación pública y a las actividades de desarrollo e innovación.

De este modo, socializamos recursos públicos para privatizar los beneficios para unos pocos, enfocando la investigación a las ópticas y necesidades del mercado.

Rechazamos esta Ley de Ciencia

Considerando todo lo anterior, resulta evidente que esta nueva ley viene a consolidar la incertidumbre y la precariedad laboral de nuestro sistema científico, poniéndolo aún más al servicio de las necesidades del Capital.  Desde CGT nos oponemos a la LCTI y a su reforma de la LCTI y exigimos medidas reales que ataquen la profunda jerarquización y precarización del sistema científico actual.

Por este motivo, hacemos una llamada a los trabajadores del sector científico a organizarse en sus centros, en los sindicatos, en asambleas, para poder frenar la tramitación de esta reforma.

¡Por una investigación al servicio de las personas trabajadoras!

Publicado por cgtalacant

Somos la Federación Provincial de sindicatos de CGT Alacant. El sindicato libertario, solidario y autogestionado, por y para la clase trabajadora. ¡El sindicato que se atreve!

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