El 26 de marzo de 2021, 8 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción nº1 de esta ciudad, a petición del Grupo Caixabank y de la Fiscalía, solicitando las penas de 3 años y 9 meses de prisión y 11 meses respectivamente, por haber participado en una protesta en el interior de una sucursal de este banco en el municipio de Cabanillas del Campo.
Las #8deCaixabank
Las activistas exigían a la entidad la paralización del desahucio de una familia programado para los próximos días, a lo que el banco se había comprometido, ya que llevaban meses negociando una solución habitacional.
Todas las personas que participaron de aquellos hechos, ocurridos el 5 de diciembre de 2017, fueron desalojadas, detenidas y trasladadas a dependencias de la Guardia Civil, a la espera de órdenes que justificaran el motivo de la detención. Finalmente, la concentración espontánea de más de un centenar de personas frente al cuartel motivó su puesta en libertad. Hoy se enfrentan a una pena de prisión por el ejercicio de un derecho fundamental, de la mano de dos poderosos actores: la Fiscalía y la Banca.
Este proceso, que se inició en un marco de persecución generalizada contra las activistas por el derecho a la vivienda en esta ciudad, que han enfrentado otras tantas multas y procesos penales por el ejercicio del derecho a la protesta, tiene como objetivo tratar como delincuentes a personas que reivindicaban un derecho básico como la vivienda; y a la acción organizada para reclamar esos derechos, como un grupo criminal.
El 19 de junio de 2024, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que ratificó la condena de tres años y medio de prisión y multa de 125.000 €, dictada por el Juzgado Penal nº 1 de Xixón y ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias, a seis personas trabajadoras y sindicalistas de la CNT por organizar protestas frente a la pastelería “la Suiza” de Gijón. Ha sido la culminación jurídica de un proceso generalizado de enmarcar en el ámbito penal cualquier atisbo de protesta organizada, ya que lo resuelto por el llamado «Alto Tribunal» instruye a los órganos judiciales inferiores a tratar como delito la protesta social, y como extorsión o coacción la defensa de los derechos fundamentales.
Bajo este paraguas jurídico y bajo esta tendencia punitiva, a la que han contribuido numerosos tribunales y todas las reformas legislativas emprendidas por todos los gobiernos desde la llamada «Transición» hasta la actualidad (y cuando decimos todos, es todos), podemos explicarnos por qué estas sindicalistas van a entrar en prisión, o por qué ya lo están los 6 activistas antifascistas conocidos como Los 6 de Zaragoza, detenidos tras una redada a voleo aleatoria por la Policía Nacional por participar en una protesta contra VOX; o porque tarde o temprano pretenderán encarcelar a las compañeras de Extinction Rebellion, por el delito de dar la voz de alarma ante la degradación ambiental.
Entre otros lamentables records, España tiene en su haber el podio de tener al sindicato más perseguido de Europa, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con más de 500 afiliados procesados y peticiones de cárcel que han llegado a sumar 400 años.
La Fiscalía General del Estado, año tras año, explica en sus memorias de apertura del año judicial que los movimientos sociales y políticos que se separan de los márgenes permitidos deben ser objeto de vigilancia y persecución. Todo ello bajo el epígrafe de «terrorismo» o «delito de odio», y mediante procesos judiciales que no tienen como finalidad averiguar o no la existencia de delitos en las acciones que un sindicato o un colectivo social emprende en la defensa de derechos fundamentales, sino que se pretende aleccionar al público sobre lo que puede ocurrirle si desborda sus límites.
Los procesos judiciales que se viven como consecuencia de haber participado de una protesta social no son solamente una sentencia condenatoria o absolutoria, sino que su existencia tiene un objetivo en sí mismo que es establecer los límites a esos derechos, y nunca garantizarlos, y el caso de las #8deCaixabank, es buena prueba de ello.
Las paupérrimas pruebas que la fiscalía y Caixabank han manejado para formular sus acusaciones, y que en circunstancias normales deberían haber supuesto el archivo de la causa, son sin embargo prueba de cargo suficiente para llevarnos a juicio y dictar una más que probable sentencia condenatoria, porque es evidente que las activistas no coaccionaron a nadie ni había un ánimo «delictivo». El delito que se cometía era protestar, y en este caso, protestar por el derecho a la vivienda que entidades como Caixabank son responsables de su diaria vulneración.
En este contexto, creemos que es tarea imperiosa que el conjunto de los movimientos sociales y sindicales incorporemos de una vez por todas, que cuando el Estado activa un proceso judicial contra personas que han participado de una protesta sindical o de un movimiento social, debemos explicar que nos enfrentamos al dueño de la baraja, que lleva cartas marcadas y que además hace trampas. Es una irresponsabilidad muy grave suscitar en aquellas personas afectadas por este tipo de procesos judiciales la idea, que muchas veces se transmite, de que en algún momento recóndito va a haber algún resquicio de magnanimidad por parte de los tribunales de justicia. Y si algo nos demuestra la historia es que las libertades políticas que se pretenden suprimir con este juicio solo pueden ganarse fuera de la sala de audiencias del tribunal que nos quiere juzgar el próximo 10 y 12 de febrero de 2025.
Entendemos que acudir voluntariamente a este tipo de procesos equivale a otorgar legitimidad a los tribunales para someter a examen el ejercicio de derechos fundamentales, algo que de ninguna manera estamos dispuestas a tolerar.
Es por ello que anunciamos nuestra decisión de no acudir al juicio fijado para esa fecha, porque no queremos que haya más #6deLaSuiza ni #6deZaragoza; porque no aceptamos que haya presos y presas por luchar, y animamos al resto de compañeros y compañeras represaliadas a que nuestra experiencia les sirva para (cómo sería tomar el poder en lugar de perder el miedo?) perder el miedo. Porque la desobediencia civil no es ningún delito.
No a los juicios políticos.
Sin libertad de expresión, no hay democracia.
#NoNosPresentamos
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Video
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CGT Alacant 